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El orden jurisdiccional francés


Las jurisdicciones
Los actores
El proceso civil
El proceso penal
La justicia francesa frente a la internacionalización del derecho


Francia ha heredado de su pasado dos clases de jurisdicciones. En los casos en que el Estado, una colectividad territorial o un servicio público son parte en un proceso, la responsabilidad pasa a ser de las jurisdicciones contencioso-administrativas, a cuya cabeza se encuentra el Consejo de Estado. El resto de los litigios está sujeto a las jurisdicciones del orden civil.

Las profundas reformas derivadas de la Revolución de 1789, junto a las establecidas durante la época napoleónica, fueron durante mucho tiempo los pilares de la justicia francesa. Sin embargo, a partir de la Vª República, y sobre todo durante el último cuarto de siglo, se produjeron muchos cambios de gran importancia. Por un lado, cambios de fondo ; por ejemplo, en el derecho de familia, mercantil o penal, o bien mediante la aparición de nuevos códigos (medio ambiente, construcción, consumo, etc.). Y por otro, también se produjeron cambios en el derecho procesal, tanto civil como penal, que invalidaron la antigua distinción entre el procedimiento acusatorio y el inquisitorio. Todos esos avances jurídicos están también influenciados por la evolución de los derechos humanos, por lo que en los artículos preliminares de las leyes y los códigos nuevos se encuentran citas a tales derechos, que también se alegan en los fundamentos de las resoluciones judiciales.

El siglo XXI empieza por lo tanto con un orden jurisdiccional modernizado.


Las jurisdicciones

Su arquitectura es piramidal.

Las jurisdicciones de base

En primer lugar, están los tribunales formados por magistrados profesionales. Son los tribunales de derecho común de primer grado, que celebran sus sesiones con un único magistrado, o de forma colegiada con tres miembros, y los tribunales de instancia, que siempre celebran sus sesiones con un solo magistrado. Ambos tienen competencia en todas las materias que no corresponden de manera específica a cualquiera de las jurisdicciones especiales que se citan más adelante. La distribución de competencias entre ambos tribunales se efectúa principalmente en función de la importancia del litigio de que se trate. Algunos jueces están especializados en determinados asuntos (derecho familiar, expropiación, ejecución de las sentencias).

A continuación, se encuentran los tribunales formados por magistrados no profesionales, elegidos por los grupos sociales profesionales afectados por la clase de asuntos que se juzgan en esas jurisdicciones. Son los tribunales mercantiles, competentes para los litigios comerciales, y el juzgado de lo social o magistratura del trabajo, competente en derecho laboral, que es un órgano paritario formado por representantes de patronos y trabajadores. En caso de que se produzca una igualdad de dichos representantes, un magistrado profesional presidiría el tribunal. En un proyecto de ley que aún está en fase de debate, se establece que la presidencia de determinadas audiencias del tribunal mercantil se realice por un magistrado profesional, por ejemplo, en el caso de los procedimientos concursales.

Con respecto al tribunal de derecho común de primer grado, el juez profesional a veces recibe el apoyo de dos magistrados asesores que han sido elegidos en función de sus competencias. Ese es el caso del tribunal de menores, que puede contar con dos personas especializadas en ese ámbito ; del tribunal paritario de arrendamientos rústicos, con un propietario y un arrendatario ; y por último, del tribunal de asuntos sociales, con asesores para los asuntos relacionados con la seguridad social.

Sólo existe una jurisdicción que cuente con la figura del jurado. Se trata del tribunal de lo criminal, encargado de juzgar las infracciones más graves, los delitos. Las sesiones de este tribunal se celebran con tres magistrados profesionales y un jurado compuesto por nueve miembros (que son doce en el caso del tribunal de apelación), que debaten tanto sobre la culpabilidad como sobre la pena a imponer.

Las jurisdicciones de apelación

Los tribunales de apelación. Están formados exclusivamente por magistrados profesionales, son de tipo regional y entienden de los recursos presentados contra toda clase de resoluciones judiciales dictadas por las jurisdicciones de base (excepción hecha de los litigios de poca importancia que se pueden llevar directamente al Tribunal de Casación). Al igual que las jurisdicciones de base, los tribunales de apelación resuelven sobre los hechos y el derecho, pero únicamente hasta donde lleguen sus competencias, que las partes pueden haber limitado a determinados puntos del litigio únicamente.

Las jurisdicciones con competencias objetivas específicas

A reserva de las disposiciones relativas al Tribunal Penal Internacional, el presidente de la República sólo puede ser juzgado por casos de alta traición, competencia que recaería en la Suprema Corte de Justicia, formada por parlamentarios, y mediante decisión de ambas cámaras legislativas, la Asamblea Nacional y el Senado. El Tribunal de Justicia de la República es responsable de juzgar a los miembros del gobierno respecto a las infracciones que hayan cometido durante el ejercicio de sus funciones. Dicho tribunal esta formado por tres magistrados del Tribunal de Casación y por parlamentarios. Las diligencias judiciales, efectuadas por el Fiscal del Tribunal de Casación, deben ser autorizadas previamente por una comisión de admisión de recursos, compuesta por magistrados del Consejo de Estado, del Tribunal de Casación y del Tribunal de Cuentas. Tres magistrados del Tribunal de Casación se encargan de realizar la instrucción de la causa.


Los actores

Los magistrados profesionales

En Francia, se denominan magistrados profesionales, por una parte, a los jueces que resuelven respecto al fondo de la causa cuando se trata de libertades fundamentales, y por otra, a los miembros del Ministerio público, la fiscalía, formada por los fiscales generales, por los fiscales de la República y por sus colaboradores. La contratación y la formación de esos magistrados son comunes. Mientras están en el ejercicio de su profesión pueden pasar de una función a otra. Están sujetos a una serie de exigencias éticas muy estrictas que aprueba el Consejo General del Poder Judicial, dividido en dos salas. Se trata de un modelo jurídico que procede del derecho antiguo y que algunas veces es causa de confusión en otros países y en la opinión pública. Sin embargo, tiene la ventaja de asegurar la interrelación de los jueces independientes e imparciales por un lado, y la opinión y las autoridades públicas, por otro, a través de personas sujetas a una deontología estricta, cuya independencia siempre se ha garantizado. Esa independencia es cada vez mayor, lo cual queda ya demostrado en la práctica jurídica y, sin lugar a dudas, quedará confirmado en el futuro a través de un texto constitucional.

Existen tres oposiciones que permiten acceder a la profesión. La primera de ellas está dirigida a los titulares de una licenciatura en derecho, la segunda a los funcionarios públicos tras cuatro años de servicio, y la tercera a aquellas personas que demuestren que han ejercido durante ocho años actividades profesionales específicas, determinados mandatos conferidos mediante elección, o bien una actividad jurisdiccional no profesional. La necesidad de realizar contrataciones complementarias de personal para poder hacer frente a las nuevas reformas, ha permitido que se convoquen oposiciones extraordinarias mucho más abiertas a la sociedad civil. Todavía es posible designar directamente a personalidades que se hayan destacado por sus méritos en el ejercicio de su profesión (principalmente, profesores de derecho y letrados).

La responsabilidad de la formación inicial y permanente de los magistrados recae en la Escuela Nacional de la Magistratura. El Instituto de Altos Estudios de la Justicia está realizando un análisis exhaustivo acerca de la profesión de magistrado.

El Consejo General del Poder Judicial cuenta con dos salas : una de ellas es competente respecto a las sedes de los tribunales y la otra respecto a la fiscalía. El Consejo está formado en su mayor parte por magistrados y personalidades elegidas por el presidente de la República, por los presidentes de las dos cámaras legislativas y por el Consejo de Estado. El Consejo es competente en materia de nombramientos. Su dictamen conforme es obligatorio para los jueces y el Consejo también propone los nombres de los magistrados del Tribunal de Casación y de los presidentes de todas las jurisdicciones. En la actualidad, su dictamen es sólo de tipo consultivo en el caso de nombramientos de miembros del Ministerio público. Por otra parte, el consejo de Ministros sigue nombrando a los fiscales generales.

Los letrados

Los letrados ingresan en la carrera mediante oposición y pueden ejercer una profesión liberal e independiente después de haberse dado de alta en el ejercicio de la abogacía a través del Colegio de Abogados de cada uno de los tribunales de derecho común de primer grado. Están sujetos a una serie de normas deontológicas específicas y son responsables del incumplimiento de sus obligaciones ante la junta de gobierno del Colegio de Abogados, formada por letrados elegidos por la propia profesión y presidida por el decano del colegio. Las apelaciones contra las resoluciones se examinan por el tribunal de apelación, y los recursos extraordinarios en última instancia por el Tribunal de Casación. Los letrados están obligados, entre otras cosas, a respetar el secreto profesional y, por otro lado, gozan de una serie de garantías, además de la penal, respecto a los registros en sus bufetes, y respecto a la prohibición de ejercer su profesión, que no puede decidirse por un juez de instrucción en el contexto de una intervención judicial, sino únicamente por la junta de gobierno del Colegio de Abogados que corresponda. Según los casos, asisten o representan a sus clientes, y a menudo su intervención es obligatoria. Redactan las actas, aconsejan y defienden las causas. Los letrados ejercen sus actividades en todo el territorio nacional, pero en lo civil, es preciso que reciban ayuda, además de la del colegio de su localidad de origen, de un abogado local, cuando se presenten ante un tribunal de derecho común de primer grado, y de un fedatario ministerial, el procurador judicial, cuando se presenten ante el tribunal de apelación. Ante el Tribunal de Casación, cuando es obligatoria la asistencia de un asesor jurídico, sólo pueden intervenir los letrados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación. El número de letrados de este último tribunal es limitado y todos ellos se encuentran agrupados en torno a un colegio independiente. Las partes de la causa son libres de elegir sus asesores legales. Sólo se les designa un abogado de oficio en caso de que no cuenten con medios económicos suficientes para pagar la asistencia de un profesional.

Los funcionarios públicos y fedatarios ministeriales

Los notarios, funcionarios públicos titulares de su cargo, están organizados en colegios regionales y en un colegio nacional. Se encargan de dar fe de las actas y los contratos a los que las partes están obligadas a que se otorgue un carácter de autenticidad añadido a los actos de las autoridades públicas, o bien de aquellos documentos que las partes desean que se autentifiquen por propia iniciativa.

Los agentes de la Autoridad judicial son funcionarios públicos que también están organizados en colegios, con competencia para proceder a actos de notificación (notificaciones, citaciones, emplazamientos), cumplir decisiones judiciales y realizar actos ejecutorios, cobrar créditos, hacer atestados, etc.


El proceso civil

Se trata de un proceso que enfrenta a un demandante, que tiene un interés jurídicamente relevante para actuar ante los tribunales, con un demandado. Asimismo, se convierten en partes del proceso aquellas personas que intervienen voluntariamente, debido a que también poseen una pretensión personal que quieren hacer valer, o bien para apoyar a una de las partes principales, así como aquéllas otras a las que alguna de las partes llama para que intervengan de forma obligatoria. Se llaman partes en garantía (litis denunciatio) a aquéllas que se comprometen con una de las partes.

Existen diversas variantes según la jurisdicción ante la cual se dirime la causa, pero todas las instancias siguen los mismos principios básicos : las partes son las únicas que presentan las instancias y que pueden anularlas ; también fijan sus pretensiones, que el juez no puede sobrepasar ; las partes están obligadas a presentar la carga de la prueba de todo lo que aleguen y deben comunicar los elementos de aquélla a las demás partes (principio de contradicción). Este carácter acusatorio del procedimiento civil inicial se vio modificado en el año 1965 cuando se introdujo la figura del "magistrado ponente" adscrito al control de la buena instrucción de las causas complejas hasta el momento de su "visto para sentencia". Para poder cumplir ese objetivo, dicho magistrado puede fijar plazos a las partes, ordenar la adopción de las diligencias que juzgue necesarias, incluso de oficio, decretar el establecimiento de diligencias de instrucción (investigaciones, dictámenes periciales, traslados in situ de los magistrados, comparecencia personal de las partes), exigir la presentación de documentos, incluso por parte de terceros, hacer que se cumpla el principio de contradicción o audiencia bilateral y conciliar a las partes.

El Ministerio público interviene a título principal cuando la ley así lo establece (en los casos de nacionalidad, de estado civil, de ausencia, de protección de menores, de nulidad del matrimonio, de procedimientos concursales mercantiles, etc.) o en defensa del orden público. A veces interviene como parte coadyuvante (en los casos de filiación, de tutela de mayores y menores de edad, etc.). Asimismo, puede dar su propio dictamen en todos los procedimientos, bien de oficio o a petición del tribunal. Los debates de las audiencias para sentencia son públicos, salvo algunas excepciones.


El proceso penal

En función de su gravedad, las infracciones se clasifican en tres categorías : contravenciones o faltas, delitos y delitos más graves. Cada una de las categorías se juzga, respectivamente, por el tribunal que juzga las faltas de simple policía, el tribunal correccional y el tribunal de lo criminal.

El ejercicio de las diligencias judiciales corresponde legalmente al fiscal de la República en lo que respecta a las investigaciones de la policía o de la gendarmería, a las actas o los atestados instruidos por organismos especializados en materia de fraude, de medio ambiente, etc. (a veces, como en materia fiscal o aduanera, es preciso que exista la denuncia o querella de una comisión especializada o del ministro), y a las denuncias de una víctima, o bien en función de elementos que haya recopilado el propio fiscal. Una víctima, e incluso una agrupación de víctimas debidamente habilitada, pueden también tomar la iniciativa de las diligencias judiciales constituyéndose como partes civiles. De acuerdo con los textos legales actuales, el ministro de Justicia puede requerir a un fiscal que emprenda las diligencias judiciales necesarias en una causa determinada, pero no le puede pedir que no prosiga con un caso. Existe actualmente un proyecto de reforma que probablemente incluya en el texto el principio, actualmente en vigor, de la no intervención en las causas individuales, en cuyo caso el ministro de Justicia solamente tiene la facultad de poder establecer disposiciones de orientación general.

El fiscal de la República en los tribunales de primera instancia es responsable de la dirección de la policía judicial, la cual está principalmente compuesta por policías y gendarmes que deben dar cuenta de sus investigaciones, y cuyas facultadas se limitan exclusivamente a la duración de la detención preventiva y de las investigaciones. Los oficiales y agentes de la policía judicial están aún sujetos a la supervisión del fiscal general y al control de la sala de instrucción del tribunal de apelación, que tiene capacidad para imponerles sanciones disciplinarias.

En el derecho francés, el fiscal de la República aplica el principio de oportunidad de las diligencias judiciales y no el principio de legalidad, ya que si no le impondría la obligación de someter a la jurisdicción de fondo en lo criminal todos los expedientes relativos a autores conocidos, contra los cuales el fiscal considerase que había conseguido reunir pruebas de culpabilidad suficientes. En función de los primeros elementos que haya conseguido recabar, puede elegir entre archivar el expediente sin que haya persecución (si el autor es desconocido o los cargos presentados son insuficientes), bien archivar el caso sin diligencias judiciales después de haber establecido una diligencia alternativa (llamada a la ley ; envío a una organización sanitaria, social o profesional ; comprobación de la regularización de la situación o de la reparación de los daños causados ; establecimiento de mediación entre el autor y la víctima ; propuesta de un compromiso penal que debe aprobarse por un juez y que consiste en la imposición de una multa transaccional, una confiscación, una retirada de permiso, o un trabajo no remunerado en beneficio de una colectividad pública), bien atribuir el conocimiento del proceso directamente al tribunal de policía no correccional si el fiscal considera que la causa se puede juzgar, o bien finalmente, si se trata de un delito grave o de una causa compleja que precisa que se realicen investigaciones complementarias, recurrir a un juez de instrucción que, una vez terminada su instrucción, deberá dictar un auto de sobreseimiento o bien diferirá la continuación de la vista a una jurisdicción de fondo.

Salvo en casos excepcionales, la prueba es libre y la sentencia dictada lo será de acuerdo con la íntima convicción de los jueces quienes, excepto en el tribunal de lo criminal, deben exponer los motivos de sus resoluciones o fallos judiciales, según la categoría del tribunal de que se trate. La determinación de la realidad de los hechos o de la culpabilidad se realiza mediante investigaciones, declaraciones de testigos, interrogatorios, careo de testigos, traslado in situ de los magistrados o inspección ocular, y dictámenes periciales, de carácter técnico o psiquiátrico. Las partes no tienen capacidad para elegir a los peritos, sino que son los propios magistrados quienes los seleccionan, generalmente a partir de listas de peritos elaboradas por los tribunales de apelación y el Tribunal de Casación.

El sistema descrito recuerda a un procedimiento inquisitivo, pero la verdad es que, desde hace algunos años y sobre todo a partir de la ley de 15 de junio de 2000, el procedimiento francés ha perdido ya ese carácter. Las partes, tanto el presunto causante como la víctima, desempeñan una función activa en el procedimiento actual : la persona que ha sufrido la detención preventiva recibe desde el primer momento la visita de un abogado, y cualquiera de las partes puede solicitar que se realicen investigaciones complementarias. Los dictámenes periciales se comunican a las partes, quienes pueden pedir que se examinen por un perito distinto elegido por ellas mismas, con objeto de presentar fundamentos jurídicos para la solicitud de pruebas periciales en contrario. La posibilidad de apelar las resoluciones de los jueces de instrucción es muy amplia, y se pueden solicitar interrogatorios en contrario, tanto durante la fase de instrucción como durante la vista.

Los debates son públicos, salvo en algunas ocasiones (buenas costumbres y orden público). Las víctimas disfrutan de facilidades para constituirse en partes civiles, con objeto de conseguir la reparación de sus daños y perjuicios. El Ministerio público puede expresarse libremente, utilizando los medios que considere apropiados por el bien de la justicia. La defensa presenta sus alegaciones en último lugar. La deliberación es secreta, y el abanico de resoluciones se ha ampliado notablemente. Tales decisiones judiciales van desde la exención de la pena (si el tribunal considera que el desorden público ya ha cesado, que se garantiza la rehabilitación del autor o que la víctima se ha desinteresado por el caso) hasta la cadena perpetua sin posibilidad de reducción, pasando, en el caso de los delitos, por las penas clásicas (prisión con o sin suspensión de la ejecución de la condena o condicionada a la ejecución de determinadas obligaciones, y multa) y las penas más actuales (privación de libertad de carácter subsidiario, trabajos de interés público, y privación o limitación de determinados derechos).

La ley de 5 de junio de 2000 ha incluido al inicio del Código de Enjuiciamiento Penal una disposición preliminar que establece los principios fundamentales que permiten interpretar la normativa contenida en dicho código : respeto de los principios de contradicción, de igualdad de las partes, de derechos de las víctimas, de presunción de inocencia, de limitación de las medidas coactivas, de plazos razonables y del derecho de apelación.


La justicia francesa frente a la internacionalización del derecho

La Constitución francesa reconoce a los tratados internacionales ratificados un valor superior a la ley nacional, por lo que los tribunales franceses se han visto obligados a veces a no aplicar textos votados y aprobados por las propias cámaras legislativas.

Veamos, en primer lugar, el caso de la Unión Europea. La primera vez que se produjo una situación como la citada fue con el fallo del caso Jacques Vabre dictado por el Tribunal de Casación el 24 de mayo de 1975, que, basándose en el principio de la libre circulación de las mercancías entre los países signatarios del Tratado, no aplicó una ley posterior a dicho Tratado que determinaba el establecimiento de impuestos sobre los productos importados de Bélgica con un tipo superior al aplicado sobre productos idénticos fabricados en Francia. Por otro lado, el artículo 177 del Tratado permite que un tribunal nacional consulte al Tribunal de Justicia de Luxemburgo respecto a la interpretación de una disposición legal en el derecho comunitario.

El Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, de aplicación en los países miembros del Consejo de Europa, también ha ejercido una gran influencia sobre el poder legislativo, las decisiones judiciales y la práctica de los tribunales, especialmente después de autorizarse el recurso individual ante el Tribunal de Estrasburgo el 2 de octubre de 1981. Ello es de aplicación tanto en el ámbito civil (estado civil de los transexuales), como en el penal (escuchas telefónicas, plazos razonables). En el futuro, se prevé el establecimiento del sistema denominado Eurojusticia, en paralelo con la Europol, mediante el que se podrán realizar investigaciones en toda la Unión Europea y que, quizás, como lo proyecta la Comisión Europea, se cree la figura de un fiscal especialmente encargado de los fraudes al presupuesto de la Comunidad (proyecto Corpus Juris). La aparición del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y Ruanda y el proyecto de Tribunal Superior Penal Internacional han hecho que el legislador francés deba aprobar leyes de adaptación de nuestra legislación para así permitir que un fiscal internacional realice sus pesquisas en nuestro territorio nacional o para la entrega de sospechosos a la jurisdicción internacional. La Constitución ha tenido incluso que modificarse antes de proceder a la ratificación del Tratado sobre el Tribunal Superior Penal Internacional.

A través de las nuevas medidas aplicadas durante los últimos años, se puede comprobar el alcance de la adaptación de nuestro derecho y nuestra jurisprudencia a la nueva situación jurídica, tanto nacional como internacional, definida sobre todo por la globalización de la economía y de la criminalidad, la aparición de Internet y la primacía de los derechos humanos.

* Pierre Truche, primer presidente honorario del Tribunal de casación.

Las opiniones expresadas en este artículo son la responsabilidad exclusiva del autor.

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